Por Isabel Barragán

ISF es la promotora de la moneda social Puma

Crear una economía comunitaria, local, cooperativa y ecológica. Es el deseo de un proyecto que comenzó en noviembre en Sevilla de la mano de Ingeniería sin Fronteras (ISF). Se trata del Puma, una futura moneda social en la que las personas generarán los beneficios, sólo que estos no serán monetarios. El proyecto surgió en torno a la Plaza del Pumarejo, en el casco antiguo de la ciudad, pero se enriquece de experiencias previas, como el Zoquito, la moneda social que comenzó a circular en 2007 en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Otro de los antecedentes del proyecto de moneda social es el denominado banco de tiempo, una iniciativa en la que la forma de pago es nuestro tiempo. De esta forma, todo el que sea parte de un banco de tiempo podrá intercambiar servicios con los demás a cambio de que los demás intercambien servicios con él, potenciando así la ayuda y la colaboración mutua.

Para el grupo de ISF, nosotros también podemos generar beneficios a través del intercambio o trueque de bienes y servicios. La moneda social no es otra cosa que la herramienta utilizada para registrar estos intercambios.

Entre los beneficios del Puma, los integrantes del proyecto consideran que la moneda social refuerza la confianza entre la comunidad, al fortalecer sus lazos de cordialidad, e impulsa la ayuda y la comunicación a través del intercambio. Basándose en la solidaridad y en la cooperación, el proyecto de moneda social también apoya el autoempleo, ya que pueden surgir oportunidades laborales, y el comercio local, pues supone un enriquecimiento del entorno social más cercano. Además, la moneda social no tiene intereses, el crédito es gratuito, y se basa en la aplicación de las denominadas “5 erres”: reducir, reutilizar, reciclar, respetar y repensar.

Para comprender mejor cómo funciona la moneda social, los miembros de ISF abordaron en su reflexión del pasado 11 de enero en el seno de las Jornadas Alternativas de Consumo otras experiencias de moneda social: Brixton Pound  y el Zoquito.

Algunas monedas sociales pueden adquirirse a cambio de dinero, como es el caso de Brixton Pound. En cambio,  el Zoquito se basa en un sistema de crédito y la moneda se origina cuando se produce un intercambio, introduciendo en el sistema bienes o servicios. En este sentido, según ISF la moneda social el Puma, inspirada en la jerezana el Zoquito, se basa en el sistema LETS (Local Exchange Trade System). Se trata de un sistema de puntos donde la suma total de todas las cuentas es siempre cero.

Para ponerla en marcha es necesario crear una red de personas que utilicen la moneda, una red que ya se está gestando en Sevilla, en concreto, en el casco histórico norte de la ciudad. A través de ella, las personas generarán beneficios en el seno del colectivo y la pretensión del proyecto es que, poco a poco, cada vez más personas utilicen la moneda.

Los integrantes de ISF pretenden organizar mercados en los que los miembros de la red puedan intercambiar sus productos o servicios tras llegar a un acuerdo. Además, contemplan la posibilidad de que más adelante se puedan adquirir pumas con euros, pero la cantidad sólo será válida para el día en el que se adquieran los pumas, con el precio simbólico de 1 puma = 1 euro. De esta forma, la moneda es complementaria al euro y los beneficios podrán invertirse en proyectos sociales. Uno de ellos podría ser, según el grupo de ISF, la rehabilitación de la casa del Pumarejo.

Otro de los objetivos del grupo que está llevando a cabo el proyecto es desarrollar una página web donde la gente pueda realizar sus demandas y anunciar sus ofertas, de forma que los consumidores sean también productores.

El proyecto de moneda social se enmarca, además, en las consignas del decrecimiento, una corriente que lucha por una economía alternativa y que defiende un consumo y una producción responsables, huyendo del producir por producir. En palabras de uno de sus impulsores, Serge Latouche: “la consigna del decrecimiento tiene como meta, sobre todo, insistir fuertemente en abandonar el objetivo del crecimiento por el crecimiento”.

Aunque el proyecto ya esté en marcha, los pumas comenzarán a utilizarse entre la red de personas que se está creando hacia el mes de marzo. Apenas un mes y medio para formar parte de un intercambio de favores que se irá extendiendo poco a poco generando un consumo más responsable y sostenible.

Para comprender mejor cómo funciona la moneda social, los miembros de ISF abordaron en su reflexión del pasado 11 de enero en el seno de las Jornadas Alternativas de Consumo otras experiencias de moneda social: Brixton Pound y el Zoquito.

Jean Rémy Lamaré Mongbet, Pte DECCO, y Pastora Filigrana, abogada. I.B.

Por Isabel Barragán

La Asociación Desarrollo Comunitario Internacional (DECCO Internacional) trabaja por la integración de la sociedad inmigrante en Andalucía desde hace más de doce años. Con la finalidad de hacer de nuestra sociedad una comunidad donde la diversidad cultural sea rica y enriquecedora, DECCO Internacional presentó la Guía sobre las Competencias Interculturales el pasado 18 de noviembre en las Jornadas de reflexión y conferencias sobre la inmigración de cara a la crisis.

En esta reflexión no sólo tuvo cabida la apuesta por la interculturalidad a través de esta guía, sino que se puso encima de la mesa la situación de la población inmigrante en un contexto de crisis socio-económica, donde las dificultades se acrecientan para este colectivo. Pero el acto dio aún más de sí, al tratar sobre el trabajo de cuidadores/as a personas dependientes, ardua labor asociada a la población inmigrante.

En el primer punto, al abordar la situación de la inmigración en España, el presidente de DECCO Internacional comenzó con un breve recorrido por la historia reciente. Como explicaba Jean Rémy Lamaré Mongbet, entre 2001 y 2008 España vivió un periodo de expansión económica al que contribuyó enormemente la población inmigrante, una expansión que también fue posible gracias a la creciente incorporación de la mujer al mercado laboral. En este periodo aumentó la llegada de población inmigrante. En Europa, en 2001 la población extranjera suponía el 4,5%, y en 2008 el 6,2%. En cuanto a España, en 2001 la población extranjera alcanzaba el 2%, mientras que en 2008 suponía el 11,6%, según los datos proporcionados por Jean Rémy Lamaré.

Sin embargo, en el periodo actual de crisis económica la situación de este colectivo ha cambiado. Para Jean Rémy, el impacto de la crisis en la población inmigrante varía en función del modelo productivo de las economías europeas. En este sentido, el impacto será menor en la población inmigrante de países cuyos modelos productivos se basen en las nuevas tecnologías. El impacto negativo es más pronunciado en países con sectores sensibles a los ciclos económicos, como la construcción en España.

En el proceso de recuperación económica se exige mayor formación y competitividad, y la población inmigrante contribuirá de forma imprescindible en este proceso.

Por otra parte, las jornadas abordaron también la política migratoria en Andalucía, de la mano de Israel Adán Castilla, jefe del servicio de estudios y planificación de la dirección general de coordinación de políticas migratorias de la consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Israel Adán Castilla explicaba cómo, según los datos del Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM), con la crisis ha descendido el número de inmigrantes que llegan a España y a Andalucía. Desde 2008 se ha producido una ralentización en el ritmo de llegada, dándose así un estancamiento del crecimiento. Además, a partir de 2008 se produjo un decrecimiento de la población inmigrante activa. Desde entonces, la tasa de población ocupada ha ido disminuyendo. El sector de la construcción ha sido de los más castigados, junto con los del comercio y la hostelería. Por otra parte, el colectivo más perjudicado es el africano, que ha pasado de ocupar puestos en el sector de la construcción a la agricultura.

La dirección general de coordinación de políticas migratorias de la consejería de Empleo realiza los estudios OPIA sobre la actitud y la opinión de los andaluces ante la inmigración. Según el estudio de 2010, gran parte de los encuestados tiene una opinión funcionalista sobre la inmigración o, lo que es lo mismo, piensa que los inmigrantes son necesarios cuando lo exige el mercado de trabajo. No obstante, el proceso de integración no puede basarse en un enfoque funcionalista que limite la llegada de inmigrantes a la situación laboral del país.

Además, prevalece una opinión negativa, ya que el 37% pensaba que la inmigración tiene pocos o ningún efecto positivo. Este rechazo a la población inmigrante se intensifica cuando una importante parte de la sociedad está en situación de desempleo. En función de los datos obtenidos por el OPAM, el reto es superar el enfoque funcionalista y sustituir el discurso de la inmigración por el de la diversidad, desvinculando la inmigración de la mano de obra y, por tanto, abandonando la visión funcionalista. Además, dentro de la categoría de extranjero, hay diversas connotaciones, ya que parte de la sociedad no tiene la misma opinión sobre extranjeros procedentes de África o Sudamérica que sobre extranjeros cuyo origen es un país europeo o estadounidense.

Por otra parte, para la abogada Pastora Filigrana, de la Oficina de Derechos Sociales, la población inmigrante ha sido muy importante para el alzamiento económico de España, pero la política de extranjería no siempre ha sido proporcional a los servicios prestados por la población inmigrante, sino que cada vez es más estricta y reafirma la vinculación inmigrante-mano de obra.

Inmigración y dependencia

En la actualidad, un puesto de trabajo con importante presencia de la población inmigrante es el de cuidador/a de personas dependientes. Un trabajo duro que requiere grandes dosis de paciencia y empatía y que, tradicionalmente, no ha sido muy demandando por la población autóctona. Bárbara Badanta Romero, enfermera y formadora de cuidadores/as, ha destacado la labor de DECCO Internacional en la integración de la población inmigrante en la sociedad a través de su servicio de asesoramiento socio-laboral.

Desde DECCO, Bárbara explica que la formación de cuidadores/as es muy importante ya que en los últimos años ha crecido el número de personas mayores de 65 años. Al aumentar la edad de vida, también se ha incrementado el padecimiento de enfermedades crónicas que requieren a personas cuidadoras. Por ello, DECCO ofrece cursos básicos de 20 horas a la población inmigrante que se dedica a cuidar de personas dependientes. Esta profesión ha sido ejercida, tradicionalmente, por mujeres, aunque en la actualidad está creciendo la demanda por parte de hombres, según Bárbara Badanta, que reclama la formación en este ámbito ya que al igual que a un trabajador de una residencia se le exige un título, debe ocurrir lo mismo en el ámbito doméstico. Por ello, el trabajo de los cuidadores/as a nivel domiciliario debe ser reconocido en el ámbito sanitario ya que, de esta forma, mejorarán sus condiciones de trabajo.

Pese a las medidas y esfuerzos institucionales no parece observarse una disminución de este fenómeno / M.

Por Belén Zurbano

Este viernes volvemos a conmemorar un nuevo 25N, ese día que la ONU estableció en 1999 como el “Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres” y en el que volvió a hacer hincapié en la definición amplia que debe adoptarse cuando se habla de “violencia contra la mujer”. Definición que pasa por entender ésta como cualquier acto de violencia basado en la condición histórica, social y cultural del género femenino como inferior al masculino y que puede tomar una multiplicidad escalofriante de formas, contextos y manifestaciones.

Las raíces de este fenómeno y la multiplicidad de formas en las que se manifiesta hace de él un problema complejo y tremendamente dificultoso de erradicar. La violencia de género es un fenómeno social caracterizado por su universalidad, su atemporalidad y su resistencia. Podemos definirla de un modo sencillo y clarificador, si bien poco detallista, como el daño o sufrimiento que ejercido contra la mujer por el hecho de serlo, cualquiera que sea su forma, y como fruto de la desigualdad tradicional entre los géneros. Es una violencia dirigida de múltiples formas a las mujeres por el hecho de serlo y que se ha dado –y se da- en todas las épocas históricas y en todos los contextos sociales, culturales y geográficos. Y que pese a las medidas que se han empezado a arbitrar en algunas partes del Globo, no cesa.

Los últimos datos a nivel nacional, desde 2003 (y en 2004 se aprobó la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género, un salto cualitativo de importancia) hasta la actualidad, no reflejan una tendencia aparente en cuanto a muerte de mujeres en nuestro contexto. Y hablamos solamente de muerte, que es sólo una, la más trágica y sin esperanza posible, de esta violencia, obviando la cantidad de mujeres que no mueren por esta causa pero que ven mermada su calidad de vida por el sufrimiento y vejaciones constantes a las que están sometidas en su cotidianeidad.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Pese a todas las medidas y los esfuerzos institucionales, que se dan, no parece observarse una disminución de la presencia social del fenómeno. Se han obtenido otros logros, bien es cierto, como el incremento de denuncias o la deslegitimación social de los agresores. Sin embargo, todo parece apuntar a que es necesario arbitrar otro tipo de resortes. Como por ejemplo los educativos, que ya las organizaciones feministas llevan años denunciando que no se cumplen o no completamente. O las que afectan a la responsabilidad de los medios de comunicación.

Un rayo de luz en este sentido: el pasado jueves día 24, una página del diario Público no tenía desperdicio y me dejaba un atisbo a la esperanza del cambio en mi sector profesional dado a algunas desviaciones poco coadyuvantes en este sentido. En una misma página, una par (la 32), y bajo el nombre de sección Actualidad, se nos mostraban tres noticias: “Mujeres maltratadas cuentan su paso por una casa de acogida”, “Una afgana, condenada a cárcel por ser violada” y “Caso Marta: Las pruebas acorralan cada día más al hermano de Carcaño”. Desde contextos y con formas bien distintas, las tres noticias, que aparentemente pueden ser consideradas sucesos, tragedias, parece que no esconden para el periodista encargado de la sección su mínimo común denominador: la violencia contra la mujer.

Esta semana he tenido la oportunidad de trabajar con alumnos de bachillerato un taller denominado precisamente “Violencia de género: cosa de todos, cosa nuestra”. En una de las actividades, visualizábamos el cortometraje ganador del certamen “Menos es más, cine para ser la voz de quienes callan”. Y empezaba el debate entre los propios alumnos. Una chica de las que estaban allí dio rápidamente en la clave: “si la comida mala se la hubiera puesto su hermana, o su amigo, o su compañero de trabajo nada de lo demás habría pasado”.

Pero la realidad es que sigue pasando. Dentro de las casas y en los matrimonios (violencia física y económica) como en el ejemplo que poníamos a través del corto, pero también en las calles y en las discotecas entre novios (violencia psicológica y social), debajo de las faldas pashtunes en Afganistán (violencia sexual), y entre las piernas de una bebé en Somalia o Sudán (ablación). Y lo que cabe plantearse es si el conjunto de la sociedad es capaz de ver estas agresiones tan dispersas, tan desconectadas, como prácticas de un mismo problema, global y unitario que es la violencia contra la mujer y que se sustenta en que la mitad de la población decide por la población entera. Decidiendo si su papel es tener preparada la comida, si debe o no obtener placer de las relaciones sexuales o si debe o no salir sola al cine con un amigo.

Este viernes nos echaremos a la calle y nos acordaremos de todas y cada una de las que murieron, de las que sabemos que sufren y de tantas que no podemos ni imaginar. Pero yo, sólo quiero no tener que conmemorar más 25N. Y espero que eso llegue algún día.

El próximo 20N los ciudadanos acudirán a las urnas en unas elecciones anticipadas / S.

Por Pablo G. de Castro

Reformas de la Ley Electoral

Todos los programas analizados incluyen proyectos de reforma de la actual LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) salvo el programa del Partido Popular, que solo habla de reformar el sistema municipal para “respetar la voluntad mayoritaria de los vecinos”.

El PSOE, aunque no habla de mejorar la proporcionalidad sí deja entrever su intención de reformar el sistema, hablando de mejoras en la relación entre representantes y representados y desbloqueo de las listas electorales. No aclara su propuesta, pero indica que se buscaría un sistema aproximado al modelo alemán. También hace referencia al objetivo de la paridad y al estudio del voto por internet como sistema complementario.

El problema de la proporcionalidad sí aparece claramente en los programas de IU, UPyD y Equo. Los tres coinciden en la necesidad de eliminar barreras electorales como la condición de conseguir el 3% de votos para obtener representación o la recogida de avales para concurrir a las elecciones. Izquierda Unida habla de “corregir la desproporción” y garantizar la “igualdad de valor de todos los votos” pero no concreta una propuesta de modelo electoral como sí esbozan EQUO y UPyD. La federación de Izquierdas, por su parte, si lanza dos propuestas singulares como son la extensión del derecho a sufragio a los inmigrantes con dos años de residencia y a los jóvenes de 16 y 17 años.

Encontramos pues entre estos cinco programas dos propuestas concretas para un nuevo reparto de escaños en el Parlamento, ambas incluyen el desbloqueo de las listas, la sustitución del sistema D´Hont por la fórmula Hare y dos medidas previstas en la Constitución: el aumento hasta 400 diputados y bajar el mínimo provincial a un diputado. Cuatro medidas que favorecerían el pluralismo y la proporcionalidad de la Cámara.

UPyD propone un sistema de doble papeleta en el que 200 diputados serían elegidos por circunscripciones provinciales y otros 200 sería elegidos en una circunscripción única de carácter nacional, mientras que EQUO optaría por 350 diputados elegidos en las provincias y 50 elegidos en un colegio de restos a nivel estatal

La diferencia entre los dos modelos estriba en que UPyD propone un sistema de doble papeleta en el que 200 diputados serían elegidos por circunscripciones provinciales y otros 200 sería elegidos en una circunscripción única de carácter nacional, mientras que EQUO optaría por 350 diputados elegidos en las provincias y 50 elegidos en un colegio de restos a nivel estatal. Dos propuestas similares, aunque la de la formación de Rosa Díez restaría más fuerza a las opciones regionalistas.

Tanto EQUO como UPyD consideran que sería necesaria una segunda fase de reforma electoral, la cual necesitaría entonces un cambio constitucional para la inclusión de listas abiertas. UPyD además abogaría por convertir la circunscripción en autonómica en lugar de provincial.

Medidas para fomentar la participación Ciudadana

Si el programa del Partido Popular es corto en materia de reforma electoral, no decepciona tampoco en cuanto Participación. Se limita a comentar que mejorarán “los procedimientos que den entrada a la sociedad civil en la elaboración de disposiciones normativas legales y reglamentarias”, sin más desarrollo. El partido socialista, IU, UPyD y EQUO hablan de crear leyes de Participación Ciudadana y de acceso a la información institucional, además recalcan la necesidad de reformar las Iniciativas Legislativas Populares (ILP).

En este sentido los socialistas, en línea con su propuesta en la Comunidad Andaluza hablan de “rebajar limitaciones y requisitos” y de crear el “diputado 351” dedicado a representar a los impulsores de ILPs (no tendría voto). Izquierda Unida ampliaría las ILPs dándoles capacidad de “creación, reforma y derogación” de cualquier norma jurídica, reduciría el número de firmas y los plazos de tramitación y permitiría la participación de los ponentes de la ILP en el debate en las Cortes. UPyD se limitaría a levantar el veto en materias de Ley Orgánica y modificaciones constitucionales, mientras que EQUO solo propone reformar constitucionalmente y mediante Leyes Orgánicas las ILP y los Referéndums, sin más concreción.

El Partido Popular y el PSOE no creen necesaria ninguna mejora en materia de referéndums, en contraste con IU, que propone introducir mecanismos de autorización obligatorios (referéndum vinculante) para casos como decisiones económicas trascendentales o participación en organismos supranacionales. UPyD abriría a la ciudadanía la posibilidad de convocar referéndums mediante la recogida de 500.000 firmas (entendemos que serían referéndums consultivos).

El Partido Popular y el PSOE no creen necesaria ninguna mejora en materia de referéndums, en contraste con IU, que propone introducir mecanismos de autorización obligatorios (referéndum vinculante) para casos como decisiones económicas trascendentales o participación en organismos supranacionales

Izquierda Unida y EQUO son las fuerzas con un programa más desarrollado en materia de participación. IU habla de crear un “Estado social participativo que promueva el interés colectivo, la equidad y la solidaridad” y de “cambiar la tendencia neoliberal de convertir a los ciudadanos en sujetos pasivos y acríticos consumidores de servicios” y al igual que el partido de Juan López de Uralde introduce la posibilidad de mecanismos de revocatoria, la participación en todas las fases de los presupuestos y el desarrollo decidido de la participación telemática y el voto electrónico.

Otras propuestas para mejorar la participación de los ciudadanos son: la obligación de que las mesas parlamentarias se reúnan con los “representantes de los sectores afectados de la sociedad” y la creación de una carta de servicios de diputados y senadores (PSOE); los consejos ciudadanos para la participación en la política local y un Plan de sensibilización y formación para la democracia participativa (EQUO); o crear el Defensor del Ciudadano y las asambleas de barrio y observatorios populares como mecanismos articulador del derecho a la participación en una democracia directa y comunitaria (IU).

Transparencia y Lucha contra la corrupción

Todos los partidos se comprometen a legislar en materia de transparencia para garantizar al ciudadano el acceso a las instituciones y a las actividades de sus representantes de forma sencilla y rápida. También afirman que habrá tolerancia cero con la corrupción (todos cumplirán rigurosamente su código de buenas prácticas) y que la respuesta de la justicia contra la corrupción será más rápida y decidida.

Los más concretos son: Izquierda Unida, que propone que no prescriban los delitos por corrupción, tipificar el delito de enriquecimiento ilícito y la reducción de cargos de libre designación; UPyD, que quiere a los imputados fuera de las listas electorales y prohibiría contratar a personal de alta dirección que tenga conflictos de intereses con las administraciones públicas; y EQUO, que insta a las instituciones a ser proactivas a la hora de facilitar el acceso a la información y propone una Ley que regule la relación entre Lobbies y las instituciones públicas, además regularía la relación de cargos públicos con dichos grupos antes y después del ejercicio de cargo. El partido verde también alargaría los plazos de prescripción de los delitos de corrupción.

IU propone que no prescriban los delitos por corrupción y tipificar el delito de enrqiquecimiento ilícito; UPyD quiere a los imputados fuera de las listas electorales y EQUO propone una Ley que regule la relación entre Lobbies e instituciones públicas

Izquierda Unida y EQUO proponen reformar los reglamentos de las cortes y parlamentos para favorecer la transparencia y el control de las actividades de los gobiernos y obligarían a los políticos a hacer frente con su patrimonio a los costes de sus delitos. El partido de Uralde incluiría además “corresponsabilidad de los partidos en casos de corrupción” y habla de que los implicados podrían perder la posibilidad de presentarse a la reelección.

Respecto al patrimonio de los políticos, el PSOE – como ya adelantara Rubalcaba – promete que los cargos públicos no podrán cobrar más de un sueldo de administraciones o partidos. IU establecería un límite salarial, obligaría a la publicación del patrimonio de los políticos y regularía las incompatibilidades, algo que también incluyen EQUO y Unión Progreso y Democracia. El partido rosa impediría también la posibilidad de beneficiarse de más de una retribución pública total o parcial y limitaría los mandatos a dos legislaturas.

EQUO y UPyD ponen la lupa en la financiación de los partidos. La formación ecologista – que ha rechazado pedir préstamos a las instituciones bancarias – quiere que se regule la financiación de los partidos siguiendo las recomendaciones del observatorio europeo GRECO, que se regulen los préstamos bancarios a los partidos y que se mejore el Tribunal de Cuentas. El organismo que UPyD quiere despolitizar para que controle la financiación de los partidos, sindicatos y patronales.

Otras propuestas son la creación de una Agencia de Evaluación Urbanística del Suelo que velaría por la legalidad urbanística y ambiental, cuyas decisiones no serían vinculantes (PSOE); la supresión de privilegios sociolaborales de los diputados y control del ausentismo (IU); publicidad obligatoria de los presupuestos de los partidos, sindicatos, patronales y asociaciones que reciban ayuda pública y prohibición de campañas publicitarias desde las administraciones en beneficio del partido gobernante (UPyD).

Premio de Reportaje Social y Solidario

La Fundación Xul para la Comunicación Social y el Desarrollo, junto a Intermón Oxfam, Maderas Nobles de Sierra del Segura y la Obra Social de Cajasol, ponen en marcha la tercera edición de los Premios Nacionales de Reportaje Social y Solidario.

Esta iniciativa busca reconocer el trabajo, en las modalidades de prensa y audiovisual, que contribuya a la defensa de los derechos humanos, la igualdad de géneros y de oportunidades, y el reconocimiento de otras culturas y el respeto a las mismas además de la visualización y protagonismo del Sur empobrecido y la defensa del desarrollo sostenible como medio para erradicar la pobreza.

Los participantes podrán presentar, hasta el 17 de noviembre, reportajes que hayan sido publicados o emitidos a lo largo del presente año.

Los ganadores recibirán un premio por valor de 3.000 € en forma de fondo de inversión otorgado por Maderas Nobles de Sierra del Segura y por Banca Cívica, a través de la Obra Social de Cajasol.

En las pasadas ediciones los ganadores fueron, en 2009 el periodista de El País Semanal, Rafael Ruíz, por el reportaje ‘Mujeres de fuego’ y Enrique Pardial por el audiovisual sobre sostenibilidad. En 2010 recibieron el galardón el fotoperiodista Alfons Rodríguez, con el reportaje ‘El dolor continúa’, publicado en la revista Yo Donna, y el audiovisual ‘El cielo era el techo, ocio para todos y para cada uno’, realizado por Diana Nava.

Bases del concurso.

Libaneses esperando entrar en territorio tunecino / B.R.Q.

Por Isabel Barragán

Más de medio millón de personas ha abandonado Libia como consecuencia de la violencia desatada entre los partidarios al dictador Muamar el Gadafi y sus opositores a mediados del pasado febrero. Estas personas que han perdido su hogar son ahora refugiados. Pero esta situación también se ha dado en otros países del Norte de África como Túnez, Egipto, Yemen o Siria, aunque en menor grado que en el estado libio. Las ansias de democracia de estos países han provocado una revolución sin precedentes, pero muchas de las víctimas de los conflictos que han tenido lugar en ellos han huido por tierra, por mar y por aire en busca de paz.

En julio, la Organización Internacional de Inmigración (OIM) estimaba que un millón de personas se habían marchado de Libia huyendo de la violencia desatada entre los defensores del régimen y sus opositores. La mayor parte de ellas, en torno a un 98%, está ahora en países vecinos como Egipto, Túnez o Argelia. Más de 200.000 personas han entrado en Egipto desde entonces y, más de 240.000, en Túnez. Todo ello, sin contar los desplazamientos internos que se han producido en Libia.

Muchos de estas personas ya eran refugiadas cuando vivían – o malvivían – en Libia, y no era la primera vez que huían de sus países en busca de mejores condiciones de vida. Según la OIM, cuando estalló el conflicto en Libia había más de dos millones de inmigrantes en situación irregular en el país, procedentes de países más pobres. Además, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), unas 9.000 personas se encontraban en Libia en calidad de refugiados antes del estallido del conflicto.

Las condiciones de vida en los campos de refugiados donde conviven miles de libios son realmente precarias. La comida escasea, viven en tiendas de campaña y soportan extremas temperaturas. Por no hablar de su estado psicológico después de haber soportado robos, violaciones y ataques de todo tipo. Aunque, para muchos, la experiencia en estos campos ha sido breve, ya que en Egipto y Túnez, decenas de miles de personas han sido repatriadas a través de programas puestos en marcha por ACNUR y la OIM.

Cuando estalló la guerra civil en Libia, muchos refugiados fueron reclutados por el régimen de Gadafi. Los que se negaron, fueron encarcelados o asesinados, mientras que los que aceptaban se jugaban la vida en el campo de batalla. Sin elección, los que habían llegado a Libia para buscar una vida mejor estaban abocados al sufrimiento de la guerra. La mayor parte de estos reclutados eran africanos subsaharianos.

Sin embargo, los refugiados de Libia no sólo han llegado a países vecinos como Túnez, sino que la búsqueda de paz y oportunidades les ha llevado a Europa. Multitud de embarcaciones han ido llegando a la isla italiana de Lampedusa, situada a 113 kilómetros de Túnez, desde el estallido del conflicto. Antes del inicio del mismo, los flujos migratorios hacia Italia y Malta habían mermado debido al acuerdo alcanzado entre el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, y el dictador libio. A la isla, que ha sido denominada “La puerta de Europa”, han ido a parar unas 33.000 personas durante este año. Cada día llegan más, los centros de acogida están abarrotados y la mayoría de los que llegan lo hacen tras pagar a las mafias hasta 2.000 dólares por llevarles hasta Lampedusa. Entre los refugiados que han llegado a la isla hay gran cantidad de mujeres, muchas de ellas embarazadas o con bebés. Además, algunas de estas mujeres han sido violadas por los combatientes libios.

Mientras tanto, los refugiados sobreviven como pueden. Su desarrollo se ralentiza, así como el de sus respectivos países, que inician una reconstrucción tras los conflictos derivados de la denominada primavera árabe.

Las personas que malviven en los campos de refugiados son atendidas, principalmente, por organizaciones asistenciales y voluntarios de la zona. En este sentido, cientos de voluntarios tunecinos atienden a los refugiados en el campamento instalado por la ONU en la ciudad tunecina de Ben Garman. Las personas que viven allí son evacuadas, cada día, por el gobierno tunecino, la agencia de refugiados de la ONU y Organizaciones No Gubernamentales. Aunque no sólo llegan al campamento personas procedentes de Libia, sino también de otros países.

La ayuda ofrecida por los voluntarios ha sido crucial, ya que el campamento no podía albergar a tanta gente, pero muchos de ellos acogían a las personas en sus hogares y les ofrecían agua, comida y ropa.

Mientras tanto, las instituciones políticas y económicas occidentales dejan correr el asunto, en una época donde las dificultades no sólo afectan a la economía sino que, además, se está gestando una profunda crisis de valores alimentada por un miedo a no poder hacer frente a los gastos que marca esta sociedad de consumo. El que no tiene miedo a perder el empleo, tiene miedo a no encontrarlo. Como consecuencia, el recelo hacia las personas inmigrantes crece y “el otro” pasa a ser un enemigo.

¿Cuál es la alternativa para todas estas personas? ¿Qué respuesta deberían recibir por parte de la administración política, el poder empresarial y el conjunto de la sociedad? Porque todos somos responsables de su situación y, por ello, debemos exigir que las almas itinerantes de la primavera árabe no caigan en el olvido. Los refugiados deben ser repatriados a sus respectivos países en las mejores condiciones y con la seguridad de que su vida no va a correr peligro en el lugar de donde proceden.

Más que poner de su parte, la Unión Europea se muestra temerosa ante la “ola de migraciones” procedentes de los países de la primavera árabe. Parece que Occidente sólo se inmiscuye en los conflictos ajenos cuando tiene algo que ganar o cuando hay preciados recursos naturales de por medio. Esto ocurrió con Libia. El poder occidental, a través de su brazo armado, la Organización para el Tratado del Atlántico Norte (OTAN), ha sabido aprovecharse de las circunstancias y, con el pretexto de la defensa y de la seguridad, ha ayudado a derrocar al dirigente libio, Muamar el Gadafi pero, ¿a cambio de qué? A cambio de que los máximos dignatarios del organismo puedan acceder con privilegios a los yacimientos petrolíferos del país. En este sentido, según información publicada por el diario francés “Libération”, el Consejo Nacional de Transición Libio prometió a Francia un 35% de los futuros contratos petroleros.

Mientras tanto, los días siguen pasando. Haciendo un breve recorrido por la actual situación de los países protagonistas de las revueltas, estos últimos días han sido históricos. El pasado 20 de octubre el dictador libio falleció y, después de haber visto escrupulosos vídeos sobre su muerte, las causas aún son contradictorias. Además, el Consejo Nacional de Transición Libio ha proclamado la liberación de Libia. Por otra parte, en Túnez y Egipto la transición democrática parece gestarse, aunque aún queda mucho por hacer. En Egipto la junta militar ha fijado para el próximo 28 de noviembre elecciones parlamentarias, y en Túnez los comicios para la creación de una Asamblea Constituyente fueron el pasado 23 de octubre. El único deseo es que en estos países se establezca una democracia real, y no una extensión más de la democracia mercantil que impera en Occidente.

La decimoquinta marcha de protesta organizada por el movimiento “Occupy Wall Street”, celebrada durante la jornada del sábado 1 de octubre, se ha saldado con el arresto de 700 manifestantes. Todo ocurrió cuando un grupo de indignados se desvió de la ruta fijada y decidió invadir la calzada del Puente de Brooklyn.

Se cumplen dos semanas desde las primeras movilizaciones en contra del poder financiero y cada vez el grupo “Occupy Wall Street” cuenta con más adeptos a lo largo de Estados Unidos. La jornada del sábado 1 de octubre, unos 3.000 manifestantes iniciaron una protesta pacífica desde el Zucotti Park, zona próxima a Wall Street y donde llevan acampados desde el 17 de septiembre, para dirigirse al Puente de Brooklyn.

En este emblemático enclave de Nueva York se desató el conflicto cuando unas 1.500 personas se desviaron del grupo, que marchaba por la zona peatonal, para acabar ocupando la calzada en dirección a Brooklyn. Tras varias advertencias por parte de la Policía, ésta recibió órdenes de actuar y comenzaron a producirse cientos de detenciones.

Según han declarado diversos testigos a “The New York Times”, los arrestados fueron trasladados a comisaría en 10 autobuses para, posteriormente, ser liberados, previa emisión de sus correspondientes citaciones judiciales.

Este colectivo, que nació para denunciar la especulación financiera, los recortes presupuestarios y la falta de perspectivas de futuro, busca ahora generar un mayor interés y sensibilizar a los ciudadanos. Así se ha demostrado en los últimos días cuando, de la mano de intelectuales como Noam Chomsky o artistas como Susan Sarandon o Michael Moore, se han sucedido marchas por Washington, San Francisco o Chicago.

Los restos de una mujer decapitada han sido hallados en la madrugada del pasado 24 de septiembre en la localidad mexicana de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas. El crimen, atribuido al cártel de “Los Zetas”, responde a una venganza por publicar en Internet información sobre el crimen organizado.

“La Nena de Laredo”, tal y como se hacía llamar la fallecida en la Red, ha sido encontrada decapitada en torno a las 07:00 horas del domingo en el Monumento a Cristóbal Colón. Junto al cuerpo, “Los Zetas” colocaron dos teclados de ordenador, un reproductor de CD y varios cables. Asimismo, en un cartel firmado por la banda se acusa a la víctima de publicar informaciones referidas a hechos violentos ocurridos en la ciudad en el portal “Nuevo Laredo en Vivo” y en redes sociales.

Según ha dado a conocer el gobierno de Tamaulipas mediante un comunicado, “se identificó a la persona fallecida como María Elizabeth Macías Castro, de 39 años de edad y quien se desempeñaba como jefa de redacción del periódico Primera Hora”.

Las reacciones a este brutal crimen no han tardado en hacerse notar a nivel internacional. Así, entre diversas organizaciones y medios de comunicación cabe destacar la apreciación realizada por el semanario británico “The Economist”, que aconseja tener cuidado con lo que se tuitea debido a la mejora de las técnicas con la que ahora los narcos localizan a quienes informan en la Red. “The Washington Post“, por su parte, hace en su página web un seguimiento a esta noticia y recuerda que ya son 74 los periodistas asesinados desde el año 2000.

Este suceso sigue al perpetrado el pasado 13 de septiembre, cuando los cuerpos de un hombre y una mujer fueron colgados de un puente en Nuevo Laredo por hacer el mismo uso de Internet. En esta ocasión, el escrito realizado por “Los Zetas” suponía una advertencia a los autores de los blogs “Al rojo vivo” y “El Blog del Narco”, espacios que presentan un alto nivel de difusión en el país.

Grupo de manifestantes en Santiago de Chile (Chile) / O.V.

Por Marina Agraz/Pablo G. de Castro

La convocatoria de la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT) de una Huelga General de 48 horas para los días 24 y 25 de agosto contó con el apoyo de más de 80 organizaciones. Los estudiantes emplazaron al gobierno con una carta a aceptar sus reivindicaciones acerca de la necesidad de un sistema público que asegure la cobertura del derecho a la educación de todos los chilenos.

Las peticiones del estudiantado chileno han llevado al movimiento estudiantil a trascender clases sociales e intereses sectoriales para convertirse en un movimiento social transversal que pone en jaque la paz social establecida tras la sumisión de la Concertación a la Constitución de 1980. Y es que la unión entre los socialistas y Democracia Cristiana que gobernó Chile los últimos veinte años – hasta la victoria en 2010 del derechista Piñera – mantuvo vigente la Constitución del dictador Pinochet, quien destruyó la educación pública chilena con la implantación de medidas de corte neoliberal nacidas de la escuela de Milton Friedman.

 La agitación que comenzó en abril de este año en algunas Universidades como la Central de Chile – que hunde sus raíces en la llamada ‘Revolución de los Pingüinos’ de 2006 – derivó en la primera marcha de estudiantes el pasado 12 de mayo con una manifestación en Santiago de Chile convocada por la Confederación de Estudiantes Chilenos (Confech).15.000 estudiantes tomaron las calles de Santiago denunciando que las reformas propuestas por el gobierno de Piñera iban “directamente en desmedro de la educación estatal pública” y venían a profundizar el modelo educativo implantado en la constitución de 1980, un modelo privatizador diseñado por los llamados ‘chicago boys’ de Pinochet. Se encendió en mayo una movilización que, dada la sangrante situación de la educación chilena para muchas familias, pronto se convirtió en una protesta generalizada que cuestiona toda la estructura que rige el modelo educativo chileno desde hace tres décadas.

 Las marchas estudiantiles, duramente reprimidas por las ‘fuerzas especiales’, se han ido sucediendo aumentando paulatinamente en número, la mayor marcha del movimiento llegó a convocar entorno a 400.000 estudiantes el 30 de junio en todo Chile. El pasado 18 de agosto 100.000 manifestantes se reunieron bajo la lluvia en las calles de Santiago y la última demostración de fuerza del movimiento fue el pasado 21 de agosto, cuando se celebró el llamado ‘Domingo familiar por la educación pública’, que aglutinó alrededor de medio millón de personas en el Parque O´Higgins según los organizadores. Nace así la voluntad de promover un nuevo proyecto educativo que nazca desde la base social, para que la educación deje de ser considerada un bien de consumo y un privilegio y pase a ser un derecho social con cobertura universal.

La mayor marcha del movimiento llegó a convocar en torno a 400.000 estudiantes el 30 de junio en todo chile

Para estudiar en Chile hay que pasar por caja en todos los casos. Los estudiantes, tanto de las universidades privadas como de las tradicionales, deben pagar un arancel para disponer del derecho a la educación, una tasa obligatoria – aparte de la matrícula – para tener el título de la carrera. Es a través de los aranceles como se financian las universidades, en el caso de las tradicionales – financiadas en parte por el Estado- el arancel es más barato. Una carrera en una universidad tradicional cuesta en torno a 20.000 euros, cifra que se dispara hasta los 40.000 ó 60.000 euros en las privadas. La educación superior en Chile es de las más caras del mundo, está financiada en más del 80% por las familias, aportando el Estado solo el 15%, frente al 97% de Finlandia o el 81% del Estado Español. Esto supone que las familias se ven obligadas a endeudarse para financiar la educación de sus hijos. Economistas como Marcel Claude abogan en Chile por el avance hacia una educación pública financiada al 100% por el Estado y proteger así el derecho a la educación de los sectores más desfavorecidos de la población.“Chile es el único país del mundo que privilegia la libertad de empresa sobre el derecho a la educación y eso es lo que tiene que cambiar”, afirma el académico en Gestión Pública de la Universidad de Chile. Los máximos beneficiados de este sistema son los empresarios que se lucran de la educación y las entidades bancarias que obtienen cuantiosos beneficios de la deuda de los estudiantes.

Una carrera en una universidad tradicional cuesta en torno a 20.000 euros, cifra que se dispara hasta los 40.000 ó 60.000 euros en las privadas.

En torno al 60% de los estudiantes de familias con pocos recursos abandona por no poder hacer frente al pago de la deuda contraída para cursar sus estudios universitarios.

Hay que tener en cuenta que más del 80% de los estudiantes de Chile están matriculados en centros privados, solo unos pocos consiguen superar las pruebas de acceso para las pocas plazas que ofrecen las univesidades tradicionales. La situación precaria de los liceos municipales dificulta el acceso a estas universidades para los estudiantes de menos recursos, avocándoles a contraer una deuda para continuar su formación. Así, un estudiante chileno con una deuda media de 20 millones de pesos (30.000 euros) puede optar a diferentes créditos para financiar su educación, créditos que le llevarán a pagar desde 3 millones de pesos de interés (4.500 euros) hasta 13 millones (20.000 euros). En el caso de los estudiantes de las universidades tradicionales, pueden optar al llamado “fondo solidario”, un crédito a 15 años con un 2% de interés y aquellos que pertenezcan a universidades privadas realizarán su carrera bien a través de un crédito con aval del Estado (5,5% de interés), o bien a través de créditos ofrecidos por entidades privadas (entre el 6,5 y el 8% de interés). El ahogo que supone esta deuda para las familias chilenas lleva a muchos a abandonar sus estudios, son los estudiantes que pertenecen a los sectores más desfavorecidos de la sociedad quienes más se ven obligados a desertar. En torno al 60% de los estudiantes de familias con pocos recursos abandona por no poder hacer frente al pago de la deuda contraída para cursar sus estudios universitarios.

 La rotundidad con que los estudiantes exigen un diálogo claro con los legisladores para reformar el sistema educativo chileno ha acabado con el Ministro de Educación, Joaquín Lavín, quien no era considerado interlocutor válido por haberse presuntamente lucrado a través de la venta de la Universidad del Desarrollo. El estudiantado denuncia que la aprobación de la ‘Ley de calidad y equidad’ de 2010 – con Piñera en el gobierno – se llevó a cabo sin el diálogo necesario entre todos los actores del ámbito educativo. Camila Vallejo, presidenta de la Confech, afirma que se hizo “de espaldas a la ciudadanía” y reclama un diálogo que realmente responda a la necesidad de “recuperar la educación como un derecho social”. Los estudiantes exigen al gobierno y al parlamento terminar con el lucro en la educación, ampliar la protección social a los sectores más desfavorecidos y acabar con el autofinanciamiento de las Universidades – para lo que piden un mayor aporte del Estado en educación -, así como reestructurar el sistema de becas para frenar el endeudamiento de las familias y que exista una mayor democracia interna en las instituciones de educación.

El panorama en materia educativa que se vive hoy en Chile alerta sobre el peligro de aplicar en Europa políticas educativas de corte neoliberal, como es el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), también conocido como “Plan Bolonia”

La consecuencia del modelo neoliberal implantado por los chicago boys en Chile ha sido un enorme grado de privatización de la educación en el país andino, sorprendiendo que, siendo el país sudamericano con mayor renta per cápita, el Estado afirme ser incapaz de asegurar la educación para todos sus jóvenes. En otros países de Latinoamérica como Cuba, Venezuela, Brasil, Argentina, México, Colombia o Perú sí que disfrutan de universidades públicas, cubriendo el Estado las necesidades educativas de al menos el 80% de los estudiantes. El panorama en materia educativa que se vive hoy en Chile alerta sobre el peligro de aplicar en Europa políticas educativas de corte neoliberal, como es el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), también conocido como “Plan Bolonia” – dirigidas, entre otras cosas, a conseguir el autofinanciamiento de las Universidades, acercándose así al modelo chileno.

 La protesta estudiantil chilena se extiende a todos los sectores sociales, alcanzando ya una dimensión política que cuestiona las bases de la estructura sobre la que se asienta la sociedad chilena posterior a la transición. Esta nueva generación, que no conoció la dictadura, sabe que avanzar hacia el futuro supone revisar el pasado.

Y es que la Concertación – vendida para muchos a las multinacionales aunque predica una posición progresista – no se animó a poner en marcha un proceso constituyente, algo que muchos de estos jóvenes entienden como fundamental dada la ilegitimidad de la Constitución pinochetista vigente. El futuro puede pasar por la convocatoria de una asamblea constituyente que incluya la necesaria reforma fiscal que rompa con las enormes diferencias sociales existentes en el país sudamericano con más desigualdad. Así como medidas orientadas a la renacionalización del cobre, la principal riqueza del país, un recurso cuyas exportaciones están valoradas en 40.000 millones de dólares anuales. Sin embargo, como afirma la presidenta de la Confech, el gobierno de Piñera “se empeña en avanzar en la dirección contraria”, respondiendo a “los intereses de una minoría particular que está hoy en el gobierno”.

Agresión en calle Carretas (Madrid) / D.N.

Por Marina Agraz

El pasado jueves 18 de agosto la policía nacional volvía a la carga. El golpe en la nuca asestado a Daniel Nuevo, fotoperiodista que recogió el puñetazo que un miembro del cuerpo de seguridad del Estado propinó a una chica en la calle Carretas del centro de Madrid, se suma al trato denigrante que los periodistas Patricia Horrillo, Lidia Ucher y Jonás Canadilla sufrieron al ser identificados por la policía durante la manifestación que tuvo lugar el 17 de agosto con motivo de la llegada del Papa en el marco de la JMJ. En el vídeo difundido por Patricia Horrillo el policía amenaza con dar una “hostia” a la periodista cuando ésta le pide que no le levante la voz. A ellos se suma la violenta detención de Gorka Ramos en la madrugada del 5 de agosto, redactor de lainformación.com que cubría la evolución de las marchas de protesta del 15-M por el desalojo de Sol. “Me golpearon en la cintura, me tiraron al suelo, me dieron patadas y me detuvieron”, señaló a su salida de la comisaria. Cinco relatos que ponen de manifiesto la situación de indefensión en la que actualmente se encuentran los periodistas independientes.

El principal síntoma de un sistema democrático sano es la existencia de la libertad de información y la libertad de expresión. Para que exista una opinión pública libre se necesita de los profesionales libres de la información y éstos deben contar con la garantía y la seguridad de que realizarán su labor sin intrusismos en el tema sobre el que informan ni en el tratamiento con que decidan hacerlo. Trabajando siempre desde la veracidad y la relevancia pública… Sin embrago, los periodistas que han cubierto las manifestaciones fruto de la preocupación y la indignación social se han encontrado con la cortapisa de la policía nacional, que no sólo les impedía realizar su labor informativa, sino que agredía y detenía a los periodistas de modo arbitrario.

 Tras la presión ejercida por periodistas y medios de comunicación independientes para que se abriese una investigación sobre los abusos ejercidos por la policía nacional, el Gobierno socialista ha decidido rectificar su postura inicial y hacer caso a las voces que creen necesario “depurar responsabilidades” y así lo han manifestado a través de las redes sociales. Sin embargo, la delegada del Gobierno en Madrid, Mª Dolores Carrión, no ha hecho pública ninguna declaración. Por otro lado, la impunidad con la que son violados el derecho a la libertad de información, la libertad de expresión de los ciudadanos, la libertad ideológica y el derecho a manifestación, no merecen la repulsa de la número dos de los populares, Mª Dolores de Cospedal, quien afirma que la manifestación laica, en la que han participado asociaciones católicas, es “una demostración de intolerancia sin límites y de falta de respeto a la libertad religiosa y a la libertad de expresión”.

La necesidad de que existan medios de comunicación y periodistas independientes deriva de la concentración de los medios de comunicación en pocas manos y del funcionamiento de las empresas mediáticas, que sólo permiten la opción ideológica de las políticas informativas que veneran el modelo neoliberal, impidiendo que exista la pluralidad necesaria para hablar de un sistema democrático. Muchos periodistas, conscientes de la imposición ideológica y de la dictadura que supone la agenda setting – tanto en los temas como en el tratamiento de las informaciones- dentro de las empresas que constituyen los medios de comunicación de masas, deciden optar por la independencia y cada vez son más los profesionales que trabajan para medios de comunicación independientes o que crean sus propios medios de información. El filón lo encontramos en Internet, a través de blogs y páginas webs que cuentan la realidad desde otras líneas editoriales abriendo así el abanico de opciones para el ciudadano interesado. Pero existe una diferencia: el periodista independiente no cuenta con el beneplácito del poder, porque cumple con la función legítima del profesional de la información de controlarlo.

La agitación social a nivel mundial que ha provocado la crisis financiera, la especulación bursátil, la corrupción política, el desempleo, la precariedad, los desahucios, la privatización paulatina de la educación y la sanidad pública y la desigualdad social, devuelven a la memoria las revueltas obreras que venían sucediéndose desde principios del siglo XIX como consecuencia del desempleo y las hambrunas. La aparición del proletariado y su participación en la vida política a través del sufragio universal tuvo mucho que ver con el nacimiento de la prensa política obrera, dirigida a la nueva clase social. Para frenar estas revueltas se aprobaron las leyes de la mordaza, destinadas a controlar a la prensa a través de un control previo de las publicaciones y suprimiendo el habeas corpus. Se responsabilizaba a la prensa de las movilizaciones. Al margen de las restricciones nacieron los intimbrados, semanarios que no pagaban los impuestos del timbre, una tasa sobre el papel para trámites burocráticos y editoriales destinada a hogar a la prensa obrera. Se trataba de publicaciones políticas independientes de difusión clandestina, críticas con cualquier situación que favoreciese la desigualdad. Fue pionero el Weekly Political Register.

Las características de estos semanarios se asemejan bastante a los medios de comunicación independientes actuales incluso en el contexto restrictivo en el que los periodistas ven limitada la realización de su labor informativa. Afirmar que seguimos viviendo en una democracia mientras los periodistas son agredidos y se les impide realizar su trabajo es absurdo no sólo porque no existe la libertad de información, sino porque el único ideario permitido es el neoliberalismo. De modo que la ciudadanía, consciente del control que ejercen los mercados sobre los Estados, del papel títere de sus representantes y de la manipulación de las empresas mediáticas, acierta de pleno cuando toma la calle y corea “lo llaman democracia y no lo es”.

Artículo cedido por la revista NOTON.